COMANDO PNP PRIORIZA ACCIONES DE INTELIGENCIA
Dan duros golpes al crimen organizado
Nunca antes se había golpeado con tal rotundidad a la delincuencia. Agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, son responsables de estas acciones que ponen coto a la criminalidad y afianzan la seguridad ciudadana. La ejecución de megaoperativos en La Libertad, Callao, Lambayeque, Piura, Ayacucho, Madre de Dios y otras, ha dado sus frutos.
En los recientes once meses se han realizado 68 de estas grandes operaciones a escala nacional. Las autoridades desarticularon 64 organizaciones criminales y detuvieron a 876 sujetos, de los cuales 64 eran policías. Hay 45 inmuebles incautados, 218 vehículos decomisados y 1,813 armas incautadas.
El viceministro del Interior, Rubén Vargas, estimó que para fin de año estos megaoperativos sumaran más de 100.
Es todo un récord policial que demandó el accionar de agentes de inteligencia, grupos de élite, unidades tácticas y grupos de acción inmediata.
Las gavillas golpeadas son "Los Charlys de Chiclayo", "Los Babys de Oquendo", "Los Reyes del Puerto-Shejo", "Los Injertos de Nuevo Ayacucho", "Los Rucos de Chilca" y "Los Barboza". Además, "Clan Familiar Pariona", "Los Sanguinarios de Manantay", "Los Malditos de Chicago II", "La Nueva Jauría de Nuevo Florencia" y "Los Ferreteros".
“Los Babys de Oquendo” se dedicaban a la usurpación de terrenos, extorsión y sicariato en Lima Norte y la Provincia Constitucional del Callao.
Entre los 61 detenidos vinculados a esta gavilla figuraban 24 policías, entre ellos dos comandantes y un capitán. También se detuvo a dos altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Esta acción involucró a más de 1,000 policías y 70 fiscales. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, saludó los esfuerzos del equipo PNP que trabajó en este y otros megaoperativos.
“Se necesita determinación, y hay que beberse unos tragos amargos para limpiar una institución donde la gran mayoría son honestos”, resaltó el Jefe del Estado.
Otra operación importante fue la desarticulación de la banda autodenominada "Los Charlys de Chiclayo", dedicada al robo agravado, extorsión, secuestro, reglaje y marcaje en perjuicio de empresas y comerciantes de Chiclayo. Producto de sus actividades ilícitas, se calcula que habrían amasado hasta 10 millones de soles en los últimos años.
El programa de recompensas fue otro de los puntales de este trabajo. Se atrapó a 478 de los delincuentes más peligrosos y buscados del país. En la actualidad se ha lanzado un programa de recompensas, pero exclusivo para corruptos.
La reestructuración policial permitió tener más policías en las calles. Además, hay 800 nuevos agentes de élite, altamente capacitados y evaluados con polígrafo.
Se puso en marcha un plan de acción para que los comisarios tengan continuidad en sus puestos, a fin de que conozcan sus barrios y a sus vecinos.
En el primer año de esta gestión se inició la construcción de 11 comisarías modelo de primer nivel en La Libertad, Piura y Huancavelica. Se construirán otros 70 de estos locales con una inversión de 200 millones con el mecanismo Obras por Impuestos.
Además, la familia policial tendrá a su servicio un hospital de primer nivel y la posibilidad de atenderse en las mejores clínicas especializadas.
Los casos de extorsión a empresas cayeron hasta en 60% en 21 regiones, gracias a la desarticulación de organizaciones criminales.
Barrio Seguro ha sido lanzado en 13 de las zonas más peligrosas de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, La Libertad, Lambayeque, Áncash y Tumbes.
La violencia, asociada a la informalidad, en el sector de construcción civil fue otro de los retos. Se bajó de 36 a 22 incidentes de violencia en un año. Además, 10 sindicatos fueron suspendidos y 8 fueron demandados judicialmente para anular su inscripción por cometer actos delictivos.
Cada año se roban 2 millones de celulares. Las autoridades crearon un sistema que bloquea los aparatos robados y los deja inservibles. A escala nacional, hay 2,020 celulares que están en proceso de identificación para ser devueltos a sus legítimos dueños. Esto no ha sucedido antes en el Perú.
De acuerdo con el más reciente reporte de las empresas operadoras, tenemos los siguientes resultados sobre celulares robados entregados voluntariamente por los usuarios: en Lima, 968; y en provincias, 1,052.
PenalesUn grave problema para la PNP era cómo evitar que las órdenes para perpetrar asesinatos por encargo y otras fechorías salieran de los penales. Ante ello, se recuperó el principio de autoridad en estos establecimientos. Los dos primeros penales con celulares bloqueados son los de Huaral y Chincha. La tarea se ampliará a otros penales.
Para romper la conexión entre los cabecillas presos y sus secuaces en las calles, se trasladó a 645 internos más peligrosos a cárceles inhóspitas.
En la lista de los que fueron llevados a la prisión de Challapalca, ubicada entre Puno y Tacna, figuran Gerald Oropeza, Renzo Brissolesi y Gerson Gálvez Calle, entre otros.
En la actualidad funcionan los primeros 35 grilletes electrónicos en uso como plan piloto.
Se pusieron en funcionamiento dos penales: Moquegua y Cochamarca. Por inaugurar está un penal en Satipo (agosto 2017) y hasta el 2020 estarán en construcción cinco cárceles más.
El general PNP Héctor Loayza Arrieta, director general de la División Antidrogas, informó que realizaron 8,131 operaciones antidrogas en lo que va del año. Con ello se desarticuló a 37 organizaciones criminales, integradas por 8,565 personas.
Desde agosto del 2016 hasta junio de este año, la Policía Nacional del Perú, mediante sus unidades especializadas contra el delito de trata de personas, desarticuló 12 organizaciones criminales a escala nacional.
A partir de agosto, más de 6,000 policías de diferentes escuelas saldrán a las calles para reforzar las tareas de seguridad.
En esa línea, el Mininter dispuso contratar 1,128 auxiliares de policía, que apoyarán las labores administrativas en las comisarías. Así se prestará un mejor servicio a la ciudadanía.
ACCIONES MULTISECTORIALES CON IMPACTO SOCIAL
Fuerzas Armadas: herramienta de paz y bienestar en el Vraem
En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la presencia de las Fuerzas Armadas tiene un significado especial para la población que desea vivir en paz: trabajan no solo por la seguridad nacional, sino que también lideran las intervenciones de los diversos programas sociales del Estado en favor de las comunidades más vulnerables.
Para las Fuerzas Armadas, la meta es fortalecer el desarrollo social y económico del Vraem para generar bienestar y mejores condiciones de vida. “Lo que hacemos es traer todo el apoyo que podamos para impulsar el desarrollo de esta región”, comentó el ministro de Defensa, Jorge Nieto, durante una reciente operación multisectorial en el distrito de Anchihuay, provincia ayacuchana de La Mar. “Mientras otros destruyen, nosotros construimos puentes, carreteras y, como hoy, traemos todos los servicios del Estado”, añadió el ministro, al explicar que la intervención en la región Ayacucho congregó a más de 30 instituciones públicas y privadas.
Nieto resaltó que los programas Beca 18, Pensión 65, Sierra y Selva Exportadora y, principalmente, los servicios de salud permiten a los pobladores fortalecer sus capacidades y posibilidades de desarrollo.
La acción multisectorial llevó a Anchihuay atención médica gratuita en diversas especialidades, a cargo de profesionales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, así como de médicos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Oftalmología y Essalud. También participaron el Reniec, Sunat, Sunarp, Banco de la Nación y Devida, instituciones que atendieron en directo las gestiones de los pobladores.
PRIORIZAN ACCIONES DE INTELIGENCIA Y LABORES DE COORDINACIÓN CON VECINOS
Policía trabaja todos los días para mejorar la seguridad
“Estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de devolver a la ciudadanía la tranquilidad en las calles”, dijo el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, durante una de las presentaciones de las organizaciones criminales desarticuladas recientemente.
“El camino es larguísimo y trabajamos todos los días para lograr mejorar la seguridad ciudadana”, agregó.
En esa línea comentó que los megaoperativos ejecutados a escala nacional han sido pieza fundamental en la estrategia.
“En la lucha contra el crimen organizado no hay espacio para los golpes de suerte. Existen los golpes planificados. Las nuevas organizaciones criminales son más precavidas y tienen una estructura con funciones bien repartidas”, explicó.
Por esa razón, cada megaoperativo empieza meses antes con un trabajo de inteligencia policial en el que se identifican su modus operandi y a los cabecillas de las organizaciones.
“Solo cuando el rompecabezas está armado y las evidencias en su contra son sólidas, se les interviene en colaboración con distintas unidades de la PNP y el Ministerio Público”, señaló.
CorajeBasombrío felicitó al director general de la Policía, general PNP Vicente Romero Fernández, por su compromiso con la institución. “Ese coraje que se tiene para limpiar la casa es algo que quisiéramos que se traslade a otras instituciones del Estado”, remarcó. Recordó que hasta el momento 64 malos agentes han sido separados de la PNP por sus nexos con la criminalidad.
“Hemos adoptado una posición firme, contundente, clara para todos aquellos malos policías. No hay espacio para la corrupción para aquellos que pretendan todavía continuar con estas prácticas. Tengan la plena seguridad, si tenemos que sacar a más del 10% o 20% de la Policía, lo vamos a hacer”, advirtió el ministro.
Este es un cambio histórico que le va a permitir a la PNP cumplir con el sueño de llegar a ser la mejor institución del Bicentenario. El titular del sector comentó que Barrio Seguro se creó sobre la base de que 85 distritos del país concentran a la vez una alta tasa de victimización, un mayor número de denuncias registradas en la Policía y un mayor número de homicidios en 2016.
El Gobierno ha identificado en esos distritos 100 barrios que requieren una atención preferencial. Esto se hace para que los niños de 10 o 12 años de esas zonas no terminen a los 16 años convertidos en sicarios o pandilleros.
“En el balance que hacemos, creemos que las cifras han mejorado. En primer lugar, porque la gente es más consciente del problema (de la inseguridad) y toma más precauciones. O sea, la sociedad se autoprotege”, detalló. La forma más recurrida de autoprotección es la formación de juntas vecinales para velar por la seguridad. Es una estrategia que vincula a la Policía Nacional con los ciudadanos. Asimismo, se cuenta con más cámaras de videovigilancia, más vehículos para el patrullaje y una mayor identificación de áreas críticas para controlar, entre otras acciones.
También ayudó la aprobación de la reforma legal en el Congreso que permite la detención policial por 48 horas en el caso de delito en flagrancia y por 15 días para el crimen organizado. Entre agosto de 2016 y abril de 2017, la victimización ha bajado 2.9 puntos porcentuales a escala nacional en el sector urbano.
“Cada punto porcentual equivale aproximadamente a 220,000 personas, con lo cual 650,000 personas menos señalan haber sido víctimas de un delito el último año”, dijo Basombrío.
Lima MetropolitanaEn el caso de Lima Metropolitana, en diciembre de 2015 la victimización había llegado a un pico de 37.5%, mientras que ahora está 10 puntos menos.
En sentido inverso, el crimen se mueve hacia las regiones donde, por diferentes motivos, hay más dinero que antes, por eso ha sido tan asolado el norte o Ica. “Lo cierto es que el dato de reducción de la victimización es la tendencia abrumadoramente mayoritaria: ha bajado en 23 lugares y subido en cuatro”, comentó el alto funcionario.
Afirmó que no concibe un proceso de modernización en la Policía Nacional sin tomar en cuenta el bienestar de sus miembros.
“Nos comprometimos en el Gobierno a adelantar el quinto bono para los salarios policiales y se cumplió. Pero el bienestar no solo es salario”, apuntó. En ese mismo sentido, el titular del sector Interior explicó que viene trabajando en la reorganización de la Sanidad y de Saludpol.
Por primera vez en su historia, la Sanidad de la PNP tiene listo su petitorio de medicinas e insumos químicos con anticipación, para 2018, el cual se licitará a tiempo para evitar desabastecimientos.
Es oportuno mencionar que hay el compromiso de mejorar el trato que reciben los policías en la Dirección de Recursos Humanos. “Hay que tecnificar, profesionalizar, simplificar trámites y procedimientos para evitar retrasos, abusos y hasta corrupción”, enfatizó.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR UN PROBLEMA ACUCIANTE
Cerrojos a la corrupción
El Gobierno está empeñado en poner freno a la corrupción. Por eso se lanzó el proyecto de muerte civil, lo que significa que los sentenciados por temas de corrupción no volverán a trabajar, nunca más, en el Estado.
La lucha frontal contra la corrupción –y la erradicación de la impunidad, que tanto afecta la imagen y la credibilidad del sistema– constituye un compromiso claro del Acuerdo Nacional por la Justicia.
Desde su firma, el 2 de noviembre de 2016, se ha creado un espacio de cooperación y coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En ese contexto, desarrollan acciones enfocadas a una reforma institucional dirigida a brindar un servicio de calidad para la ciudadanía y a reforzar la formación y capacitación de jueces y fiscales para que impartan una justicia transparente, predecible y creíble.
El Acuerdo Nacional por la Justicia ha asumido el reto de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que crea el Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las Políticas Públicas en Materia de Justicia (Inter-Justicia). Además, se ha dispuesto la elaboración de un mapa de la justicia, que brinde información sobre cuánto, cómo, dónde y por qué asignar recursos humanos y financieros a las instituciones que integran este sistema.
En un programa dominical, en octubre de 2016, fueron propalados diversos audios que mostraron supuestos actos de corrupción protagonizados por el entonces asesor presidencial Carlos Moreno. Los indicios presentados, y otros que se conocieron después, apuntaron a que Moreno aprovechó su alto cargo para beneficiarse de convenios del Seguro Integral de Salud. Este hecho –y la sanción posterior– no hizo otra cosa que reafirmar el compromiso de este gobierno de luchar contra la corrupción.
El PJ investiga casos que involucran a autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno en redes de crimen organizado y en asociación ilícita para delinquir, a los que en ocasiones se suman otros delitos igualmente graves, como el asesinato político bajo la modalidad de sicariato y el espionaje telefónico.
El caso La Centralita, que mantiene en prisión preventiva al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, se ha convertido en un tema emblemático en la lucha contra este tipo de delitos. Desde el año 2014, cuando este caso estalló, empezaron a hacerse públicas denuncias de supuestos actos de corrupción entre autoridades regionales, como las de Pasco, Tumbes y Ayacucho.
La lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género es frontal y constituye uno de los retos que enfrenta el actual gobierno. Si bien es cierto que demanda una participación multisectorial, el trabajo lo lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).
El Decreto Legislativo N° 1323, emitido por el Ejecutivo, fija como circunstancias agravantes de estos delitos la intolerancia por religión, raza, orientación sexual, idioma, identidad de género, identidad étnica y cultural, entre otros. Incorpora, además, como circunstancia agravante que el hecho se cometa no obstante la presencia de los hijos o hijas de la víctima, lo que acarrea un daño psicológico irreversible.
Recientes hechos de feminicidio y violencia en el hogar merecieron incluso expresiones de rechazo del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y la titular del Mimp, Ana María Romero-Lozada. El primero enfatizó en todo momento que “el país no tolerará estos actos salvajes en los hogares”. La ministra, además de condenar este delito que afecta la dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres, dispuso una serie de acciones, entre ellas reforzar la asistencia que brinda el Estado y su sector a las víctimas, por intermedio de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), cuya presencia en las comisarías se implementa para atender este problema. Los CEM ofrecen servicios públicos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Asimismo, se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social.
Estadísticas recientes revelan que un 68% de mujeres sufrió violencia durante su vida, ya sea psicológica, física o sexual, de parte de sus parejas (ENDES,2016).
En el ámbito de la delegación de facultades legislativas, el Gobierno elaboró y emitió un paquete de decretos legislativos en materia de prevención de la corrupción que busca enfrentar de manera frontal el problema desde distintas aristas.
Así, por medio del Decreto Legislativo N° 1353, se crea una autoridad técnica especializada en materia de transparencia y acceso a la información pública, la cual supervisará que todas las entidades del Estado cumplan con la legislación en esta materia, así como en el fomento de políticas pertinentes.
La norma fortalece el acceso de la ciudadanía a la información que producen las instituciones del Estado, pues, por primera vez, se incorporan sanciones a los funcionarios que no cumplan con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El decreto legislativo también contempla la creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, institución a la que podrán acudir los ciudadanos en caso se les haya negado el acceso a información de carácter comunitario.
Esta administración gubernamental ha aprobado el Decreto Legislativo N° 1342, el cual incide de manera directa en la mejora del servicio público de justicia, permitiendo el acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones judiciales en todos los niveles.
Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1295 busca elevar el estándar ético de los funcionarios del Estado. La norma ordena separar a aquellos trabajadores públicos que hayan cometido delitos de corrupción, mostrando particular desprecio por el desempeño correcto de sus deberes y funciones.
Asimismo, crea un único registro que contiene todas las sanciones impuestas a los funcionarios, el cual servirá para promover el diseño e implementación de políticas públicas de integridad, al igual que suscitar la mejora de la gobernanza pública y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de la administración pública.
Así también, el Decreto Legislativo N° 1265 crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, el cual busca centralizar y publicitar las sanciones emitidas a abogados en los ámbitos ético, administrativo, judicial y penal.
La norma establece que los profesionales que no ejercieron su profesión de manera íntegra quedarán impedidos de contratar y brindar servicios legales a entidades del Estado, así como de participar en las contrataciones públicas.
En diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pago en el Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. En enero de 2017, el Gobierno ejecutó la carta fianza para dar por terminada la concesión del proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Empezó de nuevo el proceso, de manera transparente. Ese mismo mes, Odebrecht regresa un porcentaje de las ganancias ilícitas obtenidas en el Perú, estimadas en 143 millones de dólares, y comienza a colaborar con la Fiscalía de la Nación. Además, la justicia ordenó la detención de exfuncionarios del gobierno aprista investigados por lavado de activos y acusados de haber aceptado sobornos.Las investigaciones de las operaciones de Odebrecht en el Perú han comprometido a otros personajes públicos, expresidentes, gobernadores regionales, alcaldes distritales, empresarios, abogados y periodistas, entre otros. Ejemplo de ello son las investigaciones seguidas contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido de la misma organización 20 millones de dólares, según delación premiada de Jorge Barata.
A Félix Moreno, gobernador regional del Callao, lo investigan por incurrir presuntamente en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados con la concesión del proyecto Costa Verde, en el tramo correspondiente al Callao.
Otro eje anticorrupción es el establecimiento de mecanismos legales de investigación, sanción y registro de los implicados en casos de corrupción, especialmente cuando se trata de trabajadores del Estado.
Según la Contraloría General de la República (informe de mayo de 2016), entre inicios de 2009 y marzo de 2016 se detectó 198,340 responsabilidades entre penales, civiles y administrativas de 60,835 funcionarios.
En el mismo intervalo, la Contraloría seguía un total de 1,812 procesos judiciales a un total 9,937 funcionarios que involucraban montos por un total de 1,754 millones de soles.
El Gobierno considera que se necesita un profundo cambio en las estructuras del servicio público, de tal forma que se promueva la integridad, se castigue al responsable, se proteja al ciudadano y se prevenga nuevos escenarios de corrupción.
Con el fin de cautelar que los recursos del Estado destinados a proyectos de inversión se empleen en un contexto de transparencia y legalidad, el MEF modificó el reglamento de la ley marco de Asociaciones Público Privadas (APP) para establecer algunos “candados institucionales”. Así, se eliminan las adendas a los contratos de APP durante los tres primeros años, salvo que se trate de la corrección de un error material, la precisión de aspectos operativos que impidan ejecutar el contrato u otros hechos que generen modificaciones al proyecto.
Cláusula anticorrupciónSe precisa, además, que desde su fase de estructuración, el contrato debe contar con una cláusula anticorrupción. Si el contrato terminó por la activación de esta cláusula, no procederá indemnización a favor del inversionista por daños y perjuicios.
Con este fin, se dio el Decreto Legislativo N° 1307, que modifica el Código Procesal Penal para hacer más eficaz la persecución y sanción de delitos de corrupción de funcionarios y la criminalidad organizada.
En efecto, a través de esta norma se incrementa la detención preventiva de procesados por corrupción cuando los actos sean cometidos en el marco de una organización criminal.
Asimismo, permite el empleo de técnicas especiales de investigación para la detección de los casos de corrupción. Estas medidas se lograron gracias al apoyo del Poder Legislativo.
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Apoyo a los bomberos
La Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República ha canalizado para los bomberos diversas donaciones y se impulsa la formación de un fideicomiso en el que se depositarán los recursos monetarios que diversas instituciones y empresas privadas quieran hacer en favor del CGBVP. Recientemente, la esposa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, señora Nancy Lange, se reunió con el comando del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), a fin de establecer canales de apoyo y colaboración.
En esa línea de acción, la señora Lange asistió a la ceremonia de entrega de equipos, valorizados en 45,000 dólares, que beneficiarán a integrantes de las estaciones de bomberos del Callao, Chosica y Santa Anita.
CoordinacionesLa Embajada de Estados Unidos, representada por el embajador Brian A. Nichols, donó 30 trajes contraincendios y similar número de pares de botas.
"Los recientes incendios en Lima han demostrado que es una prioridad constante contar con equipos en buenas condiciones para que las emergencias sean debidamente atendidas”, refirió Nichols. Gracias a otra coordinación, la compañía de bomberos Lima 4 de Lince cuenta con la más moderna unidad de rescate, diseñada para la atención de emergencias complejas.
Se trata de un vehículo fabricado en Estados Unidos, concebido exclusivamente para tareas de rescate. La máquina tiene un grupo electrógeno incorporado, torre de luz de seis reflectores y winche para ocho toneladas.
Lleva siete bolsas de aire y casilleros conectados entre sí para una mejor operatividad, nueve tanques de aire, tres escaleras portátiles y otros equipos de última generación.
