Los primeros tramos de toda carrera de fondo son una oportunidad para poner a prueba el temple de los competidores. Para confirmar esta suerte de regla, en el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Perú enfrentó cuatro problemas que le impidieron alcanzar los niveles de crecimiento esperados.

Primero, China redujo su demanda de commodities; segundo, iniciativas de asociación público-privada y varios proyectos de infraestructura pública presentaron dificultades para su ejecución; tercero, los casos de corrupción impactaron de manera negativa en la inversión y minaron la confianza de los actores económicos; y, cuarto, El Niño Costero infligió un duro golpe a los peruanos.

Para el cierre de 2017, el crecimiento del PBI en nuestro país sería de 2.8%, según las proyecciones del Banco Mundial (BM). No obstante la modestia de esta cifra, el Perú ha crecido por encima de la media de los países latinoamericanos, debido, en parte, a que en los primeros cinco meses de 2017 nuestras exportaciones (tradicionales y no tradicionales) se incrementaron 25.3% respecto al mismo período del año anterior.

“Que este motor haya vuelto a girar con fuerza es, sin duda, un gran augurio para el crecimiento económico”, refiere la memoria del primer año del gobierno de PPK, editada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hoy más que nunca, el crecimiento es un imperativo y en ello trabaja el Estado con todas sus energías.

“El año 2002 marca, sin duda, un punto de inflexión en el despegue económico y comercial del Perú”, refiere la publicación de la PCM. Desde entonces, el país ha experimentado un proceso de crecimiento económico prácticamente sin interrupciones, basado, entre otros factores, en la inserción de su economía en el mercado global.

De manera progresiva, el PBI se expandía en línea con el crecimiento de los precios de nuestros commodities. Y la estrategia de apertura comercial abría para el Perú grandes mercados y nuevas oportunidades de intercambio comercial.

En Asia, América y Europa, los diversos acuerdos comerciales que suscribió el Perú con naciones líderes y otras en franco camino de crecimiento convirtieron a las exportaciones en el motor principal del despegue económico de nuestro país.

Como resultado de estos nuevos vientos y las promisorias condiciones de comercio, en los diez años comprendidos entre 2004 y 2014 el Perú consiguió reducir los índices de pobreza de una manera drástica, de 59% a 23%, un resultado que trae esperanza fundada a una nación a punto de cumplir 200 años de vida independiente. A la par, la clase media consolidó su escalón en la pirámide socioeconómica del país, dinamizando con su laboriosa presencia los centros urbanos en el norte, el centro y el sur del Perú, verdaderos polos de progreso, modernidad y ciudadanía.

Hoy, sin embargo, la desaceleración del crecimiento en el Perú –debido a los cuatro problemas citados– y la ralentización económica de América Latina, configuran un nuevo escenario, desafiante y complejo, que puede poner en peligro los logros de más de una década de avance sostenido. “Con un mercado mundial menos generoso, nuestro crecimiento depende más que nunca de la inteligencia y solidez de las decisiones y medidas que como país tomemos”, añade el documento de la PCM.

Más allá de las dificultades del panorama global, el crecimiento es un imperativo en la gestión 2016-2021. “Nuestro compromiso es regresar a las tasas de crecimiento económico de los últimos años, con una estrategia diversa y flexible que continúa apostando por las grandes inversiones, ofreciéndoles un entorno de negocios que aliente y facilite la acción benéfica del sector privado”.

El impulso privado, sin embargo, no basta para retomar el ritmo de crecimiento del país. La teoría aboga por las intervenciones contracíclicas en la economía: cuando el sector privado invierte, el sector público espera; y cuando los privados se retraen, el Estado interviene. En ese contexto, resulta necesario aumentar la inversión en obras de infraestructura y servicios públicos.

Ese aumento puede conseguirse por diversas vías: haciendo más ágil e inteligente la inversión pública, promoviendo las asociaciones público-privadas e impulsando los proyectos de obras por impuestos. “Como es obvio, estas inversiones no solo inyectan dinero a nuestra economía; sino que también cierran las brechas sociales en cuanto al acceso a infraestructura y servicios, ofrecen puestos de trabajo, dinamizan la producción en forma descentralizada y conectan entre sí nuestros mercados regionales”, precisa la PCM.

“El plan de impulso fiscal prioriza una cartera de proyectos de obras por impuestos de 1,000 millones de soles para el 2017".

Paradigma válido aquí y en todas partes, la inversión, la infraestructura y el acceso a servicios básicos de calidad impactan en la vida de la gente, llevan bienestar a la comunidad e influyen mejor ánimo en la sociedad.

“En el largo plazo, no obstante, en una economía de ingresos medios, como la peruana, el desarrollo implica un aumento de la productividad. Nuestra reforma tributaria y otras medidas administrativas buscan allanar las barreras de acceso a la formalidad para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues entrar en ella es indispensable para el incremento de la productividad de los nuevos y de los pequeños emprendimientos”. Los resultados de esta propuesta de trabajo y acción estarán a la vista en los próximos cuatro años.

El Perú es uno de los países con las mayores fuentes de energía en el mundo. Por tal motivo, las inversiones en este sector se constituyen en las más significativas, tomando en cuenta su importancia para el progreso del país.

No obstante, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, sostuvo que el proceso no es sencillo, pues la parte más crítica por resolver está en el rubro hidrocarburos, específicamente en el tema petrolero.

"La producción petrolera era muy baja, menos de 40,000 barriles diarios, debido a que nuestro marco regulatorio no se adaptó a los cambios internacionales en el mercado y se desperdiciaron los momentos en los cuales los precios del crudo estaban altos e incentivaban la inversión", comentó Tamayo.

A ello se sumó que el Oleoducto Nor- peruano estaba inoperativo desde febrero del 2016. "Esto quebró la columna vertebral de la economía petrolera de la selva, con lotes que estaban en fuerza mayor y con un proceso de modernización de Talara que tenía errores de manejo de proyectos y una estructura de financiamiento incompleta y muy costosa", precisó.

El titular del MEM afirmó que la primera acción de su sector fue establecer un nuevo directorio para Petróleos del Perú (Petroperú), posteriormente, evaluar la conveniencia de la continuidad del proceso de modernización de la Refinería de Talara.

"Fue una decisión difícil. No obstante, tomando en cuenta el grado de avance del proyecto (más del 50%), con más de 2,000 millones de dólares en compromisos financieros (entre gastados e incurridos), se optó por continuar con el mismo con dos condiciones: mejorar la estructura de financiamiento y dinamizar la ejecución de unidades complementarias a la modernización de la refinería ", sostuvo Tamayo.

Otro de los procesos en desarrollo en el rubro hidrocarburos es el reinicio de las operaciones del Oleoducto Norperuano.

En ese sentido, el ministro de Energía y Minas aseveró que se identificaron los puntos de mayor fragilidad de los ductos, con el fin de lograr que el Tramo 2, que va de Loreto hasta Bayóvar, esté plenamente operativo, así como el ramal norte. "El Tramo 1 requiere todavía que el nivel de agua disminuya para concluir con las reparaciones necesarias".

Tamayo sostuvo que, con el fin de garantizar las operaciones de l oleoducto, así como de la refinería de Talara, es necesario que se incremente la producción petrolera.

"Por tal motivo, se modificó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuya aprobación está siendo evaluada por el Consejo de Ministros, para luego ser enviada al Congreso. El objetivo de esta modificación es extender los plazos y el mejoramiento de ciertas condiciones, a fin de producir más petróleo en la selva que genere un mayor canon para las poblaciones", aseveró.

En relación con el gas natural, el titular del MEM precisó que el Gobierno se ha concentrado principalmente en la masificación de este hidrocarburo.

"Esto significa que más peruanos cuenten con una conexión de gas natural, de tal manera que dejen de consumir gas licuado de petróleo (GLP). Como resultado de esta estrategia, el ahorro de dinero para las familias será significativo y las redes se expandirán", aseguró Tamayo.

Una vez que ello ocurra, agregó, la conexión del hogar a la red puede costar 1,200 soles, lo que supone una especie de barrera que puede impedir el acceso de muchas familias a este recurso. "Por tal motivo, se creó BonoGas, un financiamiento que permite a las familias acceder al gas natural. Para aquellas de escasos recursos, el financiamiento es del 100%, para las familias de ingresos medios es de 50% y para aquellas cuyos ingresos son más altos el financiamiento es de 25%", detalló.

El ministro de Energía y Minas aseveró que el BonoGas ya se aplica en 18 distritos de la capital y ha permitido la instalación de aproximadamente 70,000 nuevas conexiones desde octubre del año pasado.

"Esperamos que anualmente se sumen 100,000 familias más al consumo del gas natural mediante este dispositivo. De esta manera, a fines del Gobierno (2021) habrá 500,000 hogares con gas natural, los cuales se sumarán a los 500,000 que ya cuentan con estas conexiones", aseveró.

Además, sostuvo Tamayo, se están expandiendo las redes de gas natural en Ica. "A partir de la segunda quincena de agosto se iniciará la venta de este hidrocarburo en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna", manifestó.

En cuanto a electricidad, el titular de Energía y Minas sostuvo que actualmente la oferta eléctrica resulta mayor que la demanda.

"Cuando ello ocurre, el precio cae, lo que afecta a las empresas, por lo que debemos encontrar un mecanismo que permita que la inversión en el sector sea ordenada", refirió.

Un tema importante en este tema es la relicitación del Gasoducto Sur Peruano.

En el caso de la construcción de nuevas centrales eléctricas, Tamayo comentó que el Gobierno impulsa el desarrollo de proyectos de electrificación rural.

"Se reactivó el proyecto de electrificación en zonas rurales con energía fotovoltaica (paneles solares) a cargo de la empresa Ergon Perú, paralizado por año y medio por controversias contractuales con la empresa. En febrero último se llegó a un acuerdo, archivándose el caso que venía siendo ventilado en la instancia arbitral", dijo.

Con ello –agregó– ya se efectuaron las primeras 6,000 instalaciones fotovoltaicas en Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Puno y San Martín, de un total de 150,000 comprometidas.

–Al primer trimestre de este año, se generaron 292,000 puestos de trabajo en el país respecto a similar período del 2016, sustentados principalmente por el aumento del empleo en las ramas de actividad económica de servicios, comercio y manufactura; así como empleo en las empresas de 1 a 10 trabajadores, que presentan una mayor contribución a la generación de empleo.

Como resultado de este contexto favorable, se incrementó la fuerza laboral basada en una mayor inserción de las mujeres en este mercado, con lo cual se mantiene la tendencia de 
largo plazo de una progresiva reducción de la brecha de participación entre hombres y mujeres. Al primer trimestre, las mujeres con empleo se incrementaron en 4.4%, lo que en términos absolutos representó 304,100 más con un puesto de trabajo, en tanto que la población masculina ocupada presentó el mismo nivel de similar trimestre del 2016.

Además, la tasa de desempleo llegó a 5.1%, inferior en 0.5 puntos porcentuales en comparación con igual trimestre del 2016. La reducción de la tasa de desempleo se dio principalmente en el área urbana, que pasó de 7.2% a 6.4%.

–Dos programas adquirieron un protagonismo especial durante el primer año del Gobierno: Trabaja Perú, debido a la ocurrencia del fenómeno El Niño Costero; y el Centro de Empleo, por la aprobación del financiamiento que permitirá fortalecer y mejorar los servicios que brinda. Trabaja Perú desarrolla proyectos de infraestructura básica en áreas urbanas y rurales pobres o de pobreza extrema, empleando a la mano de obra no calificada de la localidad. Este programa adquirió particular relevancia por la creciente necesidad de infraestructura producto del desastre causado por El Niño Costero en diferentes ciudades, las cuales quedaron en situación de emergencia.

Durante el primer año de gestión, el programa ejecutó 837 obras en 24 regiones, 154 provincias y 542 distritos, lo que representó una inversión de 80 millones de soles y generó 41,739 puestos de trabajo. En las zonas de emergencia, las intervenciones enfocadas en mitigar los daños ocasionados por los desastres y en el desarrollo de proyectos preventivos totalizaron 463 obras en 12 regiones, 88 provincias y 322 distritos, con una inversión de 56 millones de soles, lo que generó 25,870 empleos.

Por otro lado, mediante el Centro de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinda diversos servicios a ciudadanos y empresas, con el objetivo de lograr la inserción laboral, mejora de la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos sostenibles. En este primer año de gestión se aprobó el inicio de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca mejorar y ampliar los servicios del Centro de Empleo dirigidos a la población juvenil urbana en las regiones de Arequipa, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Lima Metropolitana. El enfoque del proyecto también propicia mejorar la articulación con el sector productivo; es decir, que un mayor número de empresas se conviertan en usuarias del servicio de Acercamiento Empresarial, de modo que el Centro de Empleo sea el medio por el cual contraten trabajadores.

En ese sentido, se realizarán acciones de articulación del Centro de Empleo con el sector productivo; servicios del Centro de Empleo dirigidos a los jóvenes; rediseño de los procesos operativos del Centro de Empleo; y mejora de la capacidad rectora del MTPE con los gobiernos regionales para la inserción laboral. Con la intervención del proyecto se logrará, por el lado de los jóvenes, una adecuada búsqueda y consecución de empleo, reduciendo sus costos en tiempo y dinero; y por el lado del sector productivo, permitirá a las empresas reducir sus costos para la adecuada identificación y procesos de contratación de trabajadores. Esto permitirá incrementar el nivel de productividad e ingresos de los jóvenes, contribuyendo así, de un modo directo y específico al mejoramiento de su nivel de bienestar social.

–El empleo formal se incrementó tangencialmente desde julio del 2016, pasó de 26.5% a 28.3% a la fecha. Para mejorar esta situación, la actual gestión dictó medidas que adecúan la inspección laboral, en busca de fomentar y facilitar el cumplimiento de obligaciones laborales. En ese sentido, se creó la figura de reducción de sanciones administrativas cuando se subsane el incumplimiento; se realizaron modificaciones normativas necesarias para evitar la duplicidad de multas y/o las inspecciones; se regularon escalas de multas específicas para las microempresas y trabajadores del hogar que venían siendo sancionados con multas previstas para empresas de gran tamaño. Con ellas buscamos que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tenga una labor educativa, sin dejar de aplicar las sanciones correspondientes cuando los incumplimientos persistan.

Del mismo modo, estamos fortaleciendo el sistema de inspección laboral para reducir los niveles de informalidad nacional. En esa ruta, se potenciarán las 10 intendencias regionales de inspecciones y se culminará con la implementación de las intendencias de Cusco, Piura, Callao y Lambayeque para finales del 2017. Ello, juntamente con la implementación de la Política Nacional de Inspección del Trabajo, permitirá no solo que la fiscalización laboral llegue a más puntos del territorio nacional, sino que también lo haga de forma más eficiente.

Asimismo, se aprobará e implementará la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2017-2021, como instrumento de política pública sectorial que articulará, de manera efectiva, todas las intervenciones del MTPE, así como de sus programas, Essalud y Sunafil, a fin de promover gradualmente el tránsito hacia un empleo formal. La estrategia sectorial tiene como ejes principales el tránsito hacia la formalización, la empleabilidad del trabajador informal y la difusión de los beneficios de la formalización.

–En las ciudades del interior del país, los principales indicadores de empleo son desfavorables en relación con la ciudad capital. Por ejemplo, tienen mayores tasas de empleo informal, mayores porcentajes de inadecuación ocupacional, menores ingresos laborales, entre otros. Sin embargo, en lo que va del actual gobierno las ciudades de provincias registraron una mayor contribución al empleo formal privado que Lima Metropolitana. Así, en mayo del 2017 la variación anual del empleo fue de 1.8% en el conjunto de las principales ciudades del interior del país, mientras que en Lima Metropolitana fue de -0.1%. Cabe agregar que en el ámbito Perú Urbano la variación fue de 0.4%.

La reducción de las brechas de empleo que existen en Lima y otras ciudades del país requieren una intervención multisectorial, complementando la promoción de inversión pública y privada que posibilite la generación de empleo. Al respecto, la acción pública del MTPE contribuye a la reducción de la brecha y, principalmente, se orienta a la promoción de más y mejores empleos. El país cuenta con políticas nacionales de empleo que promueven la creación de puestos de trabajo decentes, diferenciando las características y necesidades de mujeres y hombres, en especial de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Estas políticas están articuladas y organizadas en función de seis ejes (entorno, empleo, empleabilidad, emprendimiento, equidad y espacio); el eje referido a espacio promueve la coordinación intersectorial y territorial de las políticas de empleo y las políticas económicas y sociales.

Al respecto, el MTPE priorizó cinco ejes estratégicos referidos a la formalización de la fuerza laboral, la inserción juvenil al mercado de trabajo, el diálogo social en materia laboral, la empleabilidad y la protección de grupos vulnerables y los programas promotores de empleo. Estas prioridades son de alcance nacional y se materializan mediante las políticas nacionales, los programas laborales y servicios de empleo del ministerio.