Lima, may. 21 (ANDINA).-Los candidatos presidenciales del APRA, Alan García, y de UPP, Ollanta Humala, deben comprometerse a garantizar la no impunidad de los delitos de lesa humanidad, como los atribuidos a Alberto Fujimori, afirmó hoy el investigador de Human Rights Watch Chile, Sebastián Brett.
“Los líderes políticos que participan de la contienda electoral (García y Humala) deben comprometerse a apoyar todas las investigaciones judiciales que se siguen en el Perú sobre las violaciones de derechos humanos y por la no impunidad de esos delitos”, manifestó a la Agencia Andina.
A su juicio, es el momento adecuado para que García y Humala fijen una posición respecto a los derechos humanos, frente a la nueva situación del extraditable Alberto Fujimori, quien goza ahora de libertad provisional.
Además, dijo, que a HRW le preocupa la lentitud judicial de varios procesos ligados a este sensible tema en nuestro país.
“Sería bueno” y “excelente”, afirmó, que ambos candidatos presidenciales asuman la responsabilidad y el reto de implementar políticas claras para castigar a los violadores de los derechos humanos.
Humala Tasso, un ex oficial en situación de retiro, ha sido acusado de cometer abusos contra los derechos humanos cuando dirigió, en 1992, la base militar de Madre Mía, en el alto Huallaga; mientras que a García se le ha imputado una supuesta responsabilidad política por la matanza del Frontón, ocurrida en 1996, durante su primer gobierno.
Brett, de otro lado, reiteró su confianza en que los tribunales chilenos resolverán de acuerdo a ley la extradición de Fujimori.
“Y ante las pruebas contundentes contra el ex presidente peruano por los delitos de lesa humanidad como Cantuta y Barrios Altos, (que obran en el expediente de extradición), Fujimori tiene que ser extraditado”, expresó.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile le otorgó, el pasado 18 de mayo, libertad provisional a Fujimori después de permanecer seis meses detenido en la Escuela de Gendarmería, a la espera del proceso de extradición iniciado por el gobierno peruano.
La Corte decidió, asimismo, mantener una orden de arraigo que prohíbe a Fujimori salir de Chile y ordenó la presentación mensual del ex presidente ante un centro de detención.
En un comunicado institucional, Human Rights Watch manifestó preocupación por el riesgo de una fuga de Fujimori para evitar el retorno al país, donde es acusado de cometer delitos de lesa humanidad y de corrupción durante su mandato (1990-2001).
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