Lima, may. 21 (ANDINA).-El candidato presidencial nacionalista, Ollanta Humala planteó esta noche el cambio de la Constitución para lograr una nueva repartición del poder, que permita al Estado participar en la actividad empresarial y darle un tratamiento especial al capital nacional.
Recalcó que, en materia de derechos humanos, éstos no sólo fueron violados por Sendero Luminoso, sino por la crisis económica de fines de los años 80, durante el gobierno de su contrincante Alan García.
“Durante la crisis de los 80, durante el gobierno del señor García, murieron 17 mil niños más de los que hubieran muerto si la crisis no hubiera existido”, dijo citando un informe del Banco Mundial.
Sostuvo que la repartición de poder permitirá revisar los contratos con empresas trasnacionales y el “rescate de nuestros recursos naturales”.
“Construir el futuro significa (tener) una nueva Constitución, una nueva repartición del poder, una repartición del poder que incluya a todo el pueblo”, dijo durante su primera intervención en el debate presidencial.
El aspirante presidencial cuestionó que muchos sectores hablen de gobernabilidad y paz social bajo las actuales reglas, y la preserven a través de la compra de “cachiporras y gas lacrimógeno” y el fortalecimiento de la policía para reprimir, por ejemplo, a los algodoneros o cocaleros.
Sostuvo que esta democracia no representa ni al pueblo peruano ni los intereses nacionales, sino a una minoría que ha concentrado el poder económico y está “amarrado” con poderes trasnacionales, que han “privatizado y extranjerizado el Estado”.
“Queremos nacionalizar el Estado (…) porque no resuelve los problemas nacionales, sino los problemas de grupos económicos, por ejemplo, el salvataje al Banco Wiese y Latino, el pago de 20 millones de soles a Baruch Ivcher”, manifestó.
Humala recalcó que como consecuencia del sistema político y la corrupción 7 millones de peruanos carecen de luz, agua y desague.
Por último, aseguró que implementará las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, beneficiando a 1,750 comunidades, y que terminará con la planilla dorada de los altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República y los congresistas.
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