En el objetivo de poner el Estado al servicio del ciudadano, el Gobierno lideró una importante reforma de simplificación administrativa, que tuvo como punto de partida una auténtica valoración del ciudadano como persona y empresario merecedor de una administración pública diligente, predecible, respetuosa de su tiempo y recursos, sensible a sus necesidades, de trato amable y, por supuesto, ajeno a todo acto de corrupción.
Con este compromiso se gestaron, quizá, las primeras relaciones de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que devino luego en la aprobación de la delegación de facultades solicitadas por el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala Lombardi, en setiembre pasado. Es así que, al amparo de la Ley Nº 30506 y en un plazo de 90 días, se redactaron 112 decretos legislativos; de ellos, 65 correspondieron a reactivación económica; 33 a seguridad ciudadana; 8 a la lucha contra la corrupción; 5 a agua y saneamiento; y 1 a la reorganización de Petroperú. El objetivo: avanzar hacia la construcción de un país más justo, moderno, con más oportunidades y competitivo. Había mucho por hacer, y muy poco tiempo que perder para acelerar el pulso del crecimiento.
“No son normas que benefician al Poder Ejecutivo, sino que tendrán impacto, incluso inmediato, en la población y lo que buscan es solucionar
problemas al ciudadano, al micro y pequeño empresario, en los sectores privado y público, para que pueda ofrecer cada vez mejores servicios”, subrayó en su oportunidad el presidente del Consejo de Ministros, tras relievar, en este sentido, que muchas de estas disposiciones incluso coincidían con uno o más temas de las 34 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.
En efecto, normas como los decretos legislativos 1246, 1272, 1287 y 1310 incorporan al ordenamiento jurídico disposiciones dirigidas a simplificar, optimizar y eliminar trámites inútiles, así como reducir los costos de la tramitación; pero, sobre todo, a impulsar el ingreso del Estado a la era digital mediante la implementación efectiva de las tecnologías de la información.
Precisan, asimismo, el marco legal adecuado para la institucionalización de una nueva relación entre Estado, ciudadanos y empresas, capaz de asegurar la economía de los trámites y sus costos, junto a un mejor entorno para el avance de los emprendimientos.
Pero, este denominado paquete simplificador y de análisis de la calidad regulatoria fue mayor, pues muchas entidades del Poder Ejecutivo, independientemente de las facultades legislativas, también se sumaron a la modernización de la administración pública, mediante normas distintas. Así, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones procedió de forma significativa a la modernización de los trámites para la obtención de la licencia de conducir; y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perfeccionó diversos trámites y requisitos de su TUPA a fin de adecuarlo a esta nueva gestión convencida de que el Estado está para servir a los ciudadanos, indispensable para la legitimidad de la autoridad, la gobernanza y la prosperidad de todos los peruanos.
Por ello, incluso, el 2017 ha sido declarado como El año del Buen Servicio al Ciudadano, afirmó Zavala Lombardi, quien, además de anunciarlo, implementó luego -por primera vez- la Unidad de Cumplimiento de Gobierno (Delivery Unif) de la PCM, para dar seguimiento de los objetivos trazados por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Así, en este enfoque de gestión transversal por la formalización y la digitalización, el Poder Ejecutivo avanzó con la eliminación de 90 procedimientos administrativos, la simplificación de otros 131 y la cancelación de 136 requisitos, destinados a facilitar la vida al ciudadano. Se dispuso también el lanzamiento de la estrategia de formalización laboral, tendiente a mejorar la calidad del empleo a 240,000 personas en el 2021; del Sistema de Formalización de la Pesca Artesanal, y la incorporación de 3,222 nuevos mineros en el proceso de formalización, especialmente en Puno, Apurímac y Arequipa.
De forma sectorial, la Sunat viene adoptando medidas de sentido común a favor del contribuyente, como el fraccionamiento inmediato del IGV e IR para microempresas; y la no obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada cero, es decir, al no realizar operaciones se exime de la entrega de la declaración mensual de IGV-Renta, entre otras medidas (Ver infografía).
Comprometido con esta alianza estratégica por la simplificación y la formalización, el Gobierno, mediante el Ministerio de la Producción, implementó el portal web Dime Tu Traba (www.dimetutraba.pe), que facilitó la automatización de más de 300 procesos, con una importante reducción de costos para las empresas.
Pero ¿de qué se trata? Pues de un portal interactivo, en funcionamiento desde noviembre del 2016, en que los administrados pueden ingresar comentarios sobre barreras que obstaculizan sus procesos administrativos en cualquier entidad pública.
Lo resaltante también es que ahora más de un millón de ciudadanos de los distritos de El Agustino, Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita pueden realizar más de 50 trámites de 15 entidades diferentes en el quinto Centro MAC, inaugurado en Lima Este. Hasta se decidió ampliar la atención del Aló MAC en todo el país, tanto en castellano como en quechua, las 24 horas y los 7 días de la semana.
Más sectoresLa actual administración, de igual modo, optó por mejorar las condiciones de formalización de la pequeña minería y la minería
artesanal, mediante los decretos legislativos 1293 y 1336, que fijan un nuevo marco legal de formalización. Esta estrategia incluye la identificación de sujetos comprendidos en el proceso de regularización, la simplificación de procedimientos, el otorgamiento de incentivos económicos, así como el fortalecimiento de instancias de coordinación y de trabajo multisectorial a escala nacional y regional.
El denominado paquete simplificador viene facilitando, de igual modo, al Ministerio de Agricultura el desarrollo de un vasto programa de titulación de predios rurales en la costa, sierra y selva del país, a fin de permitir a los pequeños agricultores la formalización de sus terrenos y, de ese modo, poder acceder a líneas de crédito, para elevar la calidad de sus cultivos y colocar nuevos productos en los mercados.
Se logró, finalmente, que 28 entidades públicas compartan su información de forma electrónica y gratuita con otras, haciendo uso de la interoperabilidad para simplificar la vida al ciudadano; y se lanzó la primera versión de la nueva plataforma web del Estado peruano (www.peru.gob.pe), destinada a mejorar radicalmente la ejecución de los trámites de manera fácil y menos onerosa para todos, como signo de que estamos ante una nueva forma de gobierno más cerca del ciudadano.
Comprometido con la difusión oportuna de la información legal en el país, el Diario Oficial El Peruano publicó el primer compendio con los 112 Decretos Legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo, en el ámbito de la delegación de facultades. El volumen Leyes que cambian Vidas fue presentado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y cuenta con los aportes de connotados académicos del ámbito jurídico nacional.
El avance en la aplicación y la implementación del paquete simplificador y de formalización por parte de los municipios, constituirá el principal reto para los esfuerzos del Gobierno por acercar el Estado al ciudadano en los próximos meses. Así lo sostuvo el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala Lozano, tras relievar los avances del Poder Ejecutivo por impulsar una verdadera reforma legislativa a favor de la simplificación administrativa en el marco de la Ley Nº 30506, referida a la delegación de facultades legislativas. "Se han aprobado medidas importantes para combatir la burocracia y la tramitología que generan sobrecostos e informalidad en nuestro país. Esperamos que estas medidas se implementen y cumplan oportunamente en beneficio de los administrados", dijo. En este contexto, el experto en derecho corporativo destacó la importancia de sensibilizar a los municipios para adecuar sus procedimientos a los cambios de simplificación y formalización. A modo de ejemplo, explicó que estas instituciones deberán atender la prohibición de exigir documentos inútiles, redundantes o aquellos que obren en su poder.
También, las nuevas reglas para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, como conceder dichos documentos a las empresas con más de un giro de negocio o que se permita su transferencia en caso de traspaso de negocios en marcha. Igual la entrega de estas licencias, ya sea individual o colectiva, a los mercados de abastos, galerías y centros comerciales; o que el costo por licencia de habilitaciones urbanas corresponda al costo real de servicio por prestarse. Las comunas también estarán obligadas a señalar que la presentación de documentos, con firmas legalizadas, solo será exigible en los casos indicados por ley expresa; y que tampoco serán necesarias la copia literal de dominio, la vigencia de poderes y habilitación profesional, entre otras medidas simplificadoras.
Tarea cumplida: 112 D. Leg. para crecer, dar más seguridad, luchar contra corruptos, acceso al agua y simplificar. Gracias Congreso y Gabinete.
Fernando Zavala Lombardi
Presidente del Consejo de Ministros.
Opinión
"Se advierte una objetiva voluntad de simplificación y formalización"
No cabe duda de que, en nuestro país, se requiere simplificar diversas normas (a veces eliminar algunas), en cuanto a disminuir las exigencias, condicionamientos y requisitos puestos en las mismas, que devienen en hacer lentos, complicados, contradictorios, absurdos, inoperativos o incomprensibles los trámites y los procedimientos administrativos.
Desde hace mucho tiempo se advirtió, por diversos estudios y analistas, que, precisamente, la difícil tramitación originaba que las personas optaran fácilmente y casi de modo lógico y entendible (no justificable) por la informalidad, que se resignen a ella misma o que devengan o incurran en actos de corrupción, para dar solución a sus problemas. Ante esta clara conciencia sobre el mal existente y las tímidas medidas dictadas para resolverlo en el pasado, lo que ahora apreciamos, es decisión política y liderazgo por enfrentar el problema con sistematicidad.
Precisamente, las consideraciones anteriores enmarcan la dación de los decretos legislativos 1246 y 1272, que en conjunto legislan un marco normativo del procedimiento administrativo general, dirigido a simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos; priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción de inconductas; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y la prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con el fin de hacer predecibles sus requisitos y plazos; y, elaborar medidas para la optimización de servicios en las entidades del Estado, con el objeto de coadyuvar al fortalecimiento institucional y mejorar la calidad del servicio al ciudadano. De ahí que, en el D. Leg. 1246, las normas de simplificación administrativa se dirigen a producir cambios en cuatro temas genéricos: implementación de la interoperabilidad en la administración pública; la prohibición de exigencias de información y de documentos a los administrados; facilitación en los procedimientos administrativos respecto al cumplimiento de obligaciones; y, responsabilidad de los funcionarios.
“Lo que ahora observamos, en la presente gestión, es liderazgo y clara decisión política para avanzar en la formalización y simplificación administrativa".
Mientras que, en el D. Leg. 1272, resulta claro que la norma se orienta a la modificación de la Ley 27444, del procedimiento administrativo general. Una vez más, estas normas están destinadas a reducir diversas exigencias en los trámites burocráticos dentro de las entidades del Estado. Sin duda, estas instituciones deberán apostar por una mejor organización para evitar el traslado de los costos de la ineficiencia al ciudadano. Incluso, en el caso de los abogados, ahora las entidades públicas ya no podrán exigirles la constancia de habilitación profesional, cuando esta sea verificable por internet. Un avance más que alentador. Aunque también cabe advertir que en nuestro país no solo hace falta la dación de buenas normas, sino también la voluntad política, coherente y coincidente de todas las instituciones del Estado, como para generar una política única, una suerte de sinfonía por el bien del país y de la competitividad.
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
“Con un Estado transparente se institucionalizará la integridad”
El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas por Ley Nº 30506, aprobó diversos decretos legislativos para impulsar la simplificación administrativa, en beneficio de los ciudadanos y empresarios que diariamente realizan trámites y gestiones ante la administración pública.
En opinión de la titular de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), María Soledad Pérez Tello, el objeto es transparentar el Estado para institucionalizar la integridad en el país. “Se han simplificado procedimientos para dar mayor predictibilidad a la conducta del funcionario, eliminando espacios de corrupción; pues se harán visibles las gestiones legítimas de intereses cuando su móvil sea informar y acercar al Estado, y perseguirlas cuando se lucre o se aproveche de él”.
Más garantistaCon un sentido más garantista para el administrado, agregó que los cambios coadyuvarán al fortalecimiento de la transparencia al establecer una autoridad capaz de garantizar su cumplimiento y, al mismo tiempo, proteger de la arbitrariedad al ciudadano.
“Este ha sido un trabajo de todos. Las instituciones del Acuerdo Nacional por la Justicia nos ayudaron a identificar vacíos y asumieron compromisos, como el del Poder Judicial de transparentar sus sentencias, para conocer a los jueces íntegros y juzgar debidamente al que no lo es. En el mismo sentido, los ciudadanos también aportaron, representados en una Comisión de Integridad que entregó 100 recomendaciones, de las cuales hemos implementado más de la mitad y continuaremos haciéndolo”, aseveró la ministra en su momento.
En efecto, tratándose de simplificación administrativa, el Gobierno impulsó la aprobación de normas como el Decreto Legislativo N° 1272, con sustanciales reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General, la norma común que sirve de marco para los distintos procedimientos administrativos que se tramitan en todos los niveles de la administración pública, ya sea nacional, regional y local.
Dichos cambios tienen por objeto el ser más garantista para el administrado, al tiempo que simplifica las cargas administrativas, de modo general, en los procedimientos administrativos. Ello se ve complementado por los Decretos Legislativos 1246 y 1310 que dictan medidas de interoperabilidad, documentación gratuita que debe ser otorgada a los administrados, análisis de impacto regulatorio de las cargas administrativas que se incorporan en los procedimientos administrativos aprobados por normas infralegales.
Agenda próxima“Ahora, el reto es activar los decretos en beneficio de los ciudadanos”, adelantó, por su parte, el viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos, al ser consultado sobre la agenda de los próximos meses, tras haber transcurrido el primer año del gobierno del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.
“El Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas legislativas que inciden directamente en la simplificación administrativa. En tal sentido, creemos que no es necesario la expedición de más normas, por lo menos que signifiquen cambios tan sustanciales, como los que se han efectuado en la delegación de facultades”, manifestó la autoridad en diálogo con el Diario Oficial El Peruano. Lo que corresponde en este segundo año de gestión, estimó, es ejecutar dichas medidas para que empiecen a tener un impacto efectivo sobre los ciudadanos. “Así, una primera acción, que ya están cumpliendo las entidades, es adecuar sus procedimientos especiales a las reglas mínimas tuitivas aprobadas a favor de los ciudadanos con la modificación a la Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Esto último, precisamente, implicará la modificación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, eliminándose de ese modo requisitos y documentación irrazonable y hasta prohibida para el administrado.
Detalló, de igual modo, trabajar en la identificación y la aprobación de los procedimientos estandarizados cuya tramitación sea de competencia de las diversas entidades, en especial en el ámbito local, con el propósito de atender el principio que impone requisitos similares para trámites similares, coherente con la idea de Estado unitario.
Procedimientos electrónicosOtro de los retos para este segundo año de gobierno de la actual administración será avanzar en la implementación progresiva de los procedimientos administrativos electrónicos orientados a la emisión de títulos habilitantes o, incluso, de los procedimientos sancionadores, capaces de reducir drásticamente las cargas administrativas a favor de los administrados, y los costos para la propia administración.
Sin que ello implique cerrar las alternativas, la autoridad en justicia manifestó también la urgencia para nuestro país de fortalecer la interoperabilidad entre las entidades del Poder Ejecutivo, a fin de disponer de información que administren, sistematicen, crean o posean para tramitar los procedimientos administrativos.
“Se está avanzando por el camino correcto, con las medidas más adecuadas que inciden directamente en la simplificación administrativa. Ahora, en el más corto plazo, se debe ejecutar dichas medidas para que comiencen a tener un impacto real y efectivo sobre la población”, concluyó el viceministro.